CRIA DE MAMUT CONGELADA

El descubrimiento de una cría de mamut perfectamente conservada en Siberia podría permitir a los investigadores construir el mapa genético de la especie, extinguida desde la Edad de Hielo. "Este especímen puede proporcionar material único para descifrar el conjunto de genes del mamut", ha dicho Alexei Tikhonov, director del Instituto de Zoología de la Academia Rusa de las Ciencias.

El mamut --que tenía seis meses de edad cuando falleció-- se llama Lyuba y había permanecido entre el hielo alrededor de 10.000 años, según el experto. El cuerpo mide 130 centímetros de largo y 90 de alto y conserva intactos los ojos y la rugosidad de la trompa.

Un cazador halló esta pieza única para la paleontología en el distrito de Yamal(Siberia). Posteriormente, la pequeña mamut fue trasladada a la capital regional, Salekhard, donde está siendo conservada en un congelador especial.

Tikhonov ha reconocido que el mamut está tan bien preservado que supone un gran tesoro para los científicos. "Como la piel protege todos los órganos internos de los microorganismos modenos, en términos de genética y estudios moleculares, este especímen no tiene precedentes", ha comentado.

Largo periplo

Pero Tikhonov difiere con quienes consideran que el mamut podría ser clonado. El científico ha explicado que tan solo puede clonarse cuando las células están intactas. Sin embargo, las condiciones de congelación en las que fue hallado el pequeño mamut pueden haber hecho que sus células se hayan desfigurado.

Tikhonov ha dicho que la próxima parada de Lyuba será en el Museo Zoológico de Rusia, en San Petersburgo. Allí, Lyuba compartirá protagonismo con un bebé macho de mamut, de nombre Dima, que se encontró en Madagan en 1977 y que hasta el momento era el mejor ejemplar de la especie. "Harán una buena pareja, entre los dos suman 40.000 años", bromeó Tikhonov.

Desde San Petersburgo, Lyuba irá a la Universidad japonesa de Jikey, para someterse a un análisis en tres dimensiones sobre el mapa de su cuerpo. El mamut volverá a San Petersburgo, donde se le practicará una autopsia antes de ser mostrada en Salekhard.

LIMITACION DE VELOCIDAD EN BARCELONA

La Generalitat ha declarado la guerra a los malos humos. El Gobierno catalán prohibirá por decreto a partir de otoño circular a más de 80 kilómetros por hora por las vías rápidas de Barcelona y otros 15 municipios de su área de influencia. Los expertos estiman que ello, junto a otras limitaciones sobre el tráfico en 25 localidades de la segunda corona metropolitana, reducirá un 30% en tres años las emisiones de dióxido de nitrógeno y de micropartículas en suspensión. La iniciativa, que ya ha sido criticada por las asociaciones empresariales, se enmarca en los planes de la Generalitat para cumplir el Protocolo de Kioto.

Un modelo de éxito en Rotterdam y Viena
Críticas de los empresarios
Coches viejos en Madrid

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El límite de 80 kilómetros por hora afectará tanto a autopistas como autovías, una vez la Generalitat haya realizado la oportuna campaña de sensibilización y se haya modificado la señalización de estas vías. Aparte de la ciudad de Barcelona, l'Hospitalet y Badalona la zona más afectada por las restricciones de velocidad será el sur del área metropolitana, donde se encuentra el aeropuerto de El Prat y municipios residenciales como Castelldefels con un alto grado de movilidad.

Una segunda zona, la situada al norte del área metropolitana y que afectará ciudades como Sabadell, Terrassa, Sant Cugat o Granollers, las limitaciones serán menos severas por el momento. En palabras del consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, "se recomendará" a los conductores no superar los 90 kilómetros por hora. Eso será en una primera fase. Después, a partir de enero de 2009, también se limitará la velocidad a 80 kilómetros por hora los días en que los índices de contaminación sean más altos, sobre todo en periodos anticiclónicos y con viento escaso.

Estas limitaciones temporales, por días o por horas, se harán mediante las indicaciones de los paneles electrónicos instalados en las carreteras principales. En esta segunda zona se hallan vías de importancia como la autopista AP-7, que conecta con la frontera francesa.

Baltasar justificó estas medidas señalando que todos los estudios constatan que la principal causa de contaminación del área de Barcelona "no son los humos de la industria, ni de consumo de energía, sino el transporte terrestre". Coches, autocares y camiones ocasionan el 52% de las partículas suspendidas de menos de 10 micras y el 40% del dióxido de nitrógeno de la zona. Estos dos contaminantes se hallan en una concentración de 50 microgramos por metro cúbico en el área metropolitana. El límite permitido por la Unión Europea es de 40.

Ante la avalancha de críticas de los agentes económicos y asociaciones de automovilistas, Baltasar se mostró tajante. "El plan se hace para cumplir lo dictaminado por la Unión Europea" y añadió: "Si no se toman este tipo de medidas Cataluña no podrá seguir creciendo y no podrán autorizarse importantes proyectos empresariales".

El objetivo de fondo es reducir un 30% las emisiones de dióxido de nitrógeno y micropartículas en suspensión. En el caso de las micropartículas en suspensión, que llegan a los pulmones y afectan al aparato respiratorio, la Unión Europea permite superar el límite de 50 gramos por metro cúbico durante no más de 35 días al año. En la actualidad, y según un estudio de Ecologistas en Acción (Ver EL PAÍS del pasado 8 de julio), Barcelona superó este límite un total de 100 días en 2006. Madrid lo rebasó durante 182 días y Zaragoza, 167.

La prohibición de circular a más de 80 kilómetros por hora es la medida más llamativa de las 73 que forman parte del decreto aprobado ayer por la Generalitat y que también prevé inversiones de 279 millones para llevarlas a cabo. El Gobierno catalán está negociando con ayuntamientos y otros entes públicos, como el Puerto de Barcelona o AENA, gestora del aeropuerto de El Prat, para adoptar medidas de reducción de los contaminantes. Así, está previsto sustituir la maquinaria energéticamente menos eficiente por otra con menor consumo. Ello afectará desde las grúas y vehículos de los estibadores del puerto hasta los vehículos de desplazamiento interno del aeropuerto.

A nivel doméstico, la Generalitat continuará con su plan de subvenciones para que los ciudadanos sustituyan los electrodomésticos menos eficientes por otros de nueva generación.

EL INGENIO DE LOS AFICIONADOS. UN AHORRO EN COSTES DE INVESTIGACION

Nueva York. (EFE).- Un número cada vez mayor de empresas en EE.UU. recurren a la creatividad e ingenio de aficionados mal pagados o, incluso, no pagados, para aminorar sus costos de publicidad, generación de contenido, investigación y desarrollo.

El conocido como "crowdsourcing" lo aplican desde firmas pequeñas hasta grandes corporaciones como Procter & Gamble para obtener servicios de forma más barata que mediante el "outsourcing" o la contratación de servicios externos en países como la India y China.El término "crowdsourcing" fue acuñado por el periodista Jeff Howe y el editor Mark Robinson, ambos de la revista especializada en tecnología "Wired", para definir un fenómeno que se ha extendido gracias a la cada vez más accesible y menos compleja tecnología."Las compañías están tomando mayor ventaja de una masa global que es más inteligente, más productiva y está más conectada", dice Howe en su artículo, "El ascenso del Crowdsourcing" , publicado en la edición de junio de "Wired".

Bajo ese esquema, una compañía o institución traspasa una función que antes cumplían los empleados o subcontratados hacia una amplia red de personas, anónimas, que no se conocen entre ellas y han sido contactadas públicamente, por lo general a través de Internet. En esa red participan, por ejemplo, científicos "de garaje", trabajadores independientes y vídeo aficionados que utilizan su tiempo libre para resolver problemas, diseñar nuevos productos o crear un contenido nuevo, sea en forma de texto o de imágenes.

Uno de los centros de "crowdsourcing" más conocidos en el mundo científico es InnoCentive.com, que publica los "desafíos" de grandes empresas en busca de soluciones, entre ellas su fundadora, la farmacéutica Eli Lilly, y el gigante Procter & Gamble. Por la solución de cada desafío, por lo general en el área de investigación y desarrollo, la empresa ofrece un premio que oscila entre los 5.000 y los 100.000 dólares. Procter & Gamble también trabaja con empresas que ofrecen servicios similares, como NineSigma, YourEncore y Yet2. Otra fuente de "crowdsourcing" es iStockphoto.com, un archivo fotográfico gigantesco -compuesto por unas 885.000 imágenes- y de bajo costo, confeccionado con la colaboración de miles de fotógrafos aficionados. Wikipedia.com, una enciclopedia virtual cuyas entradas son editadas de forma gratuita por gente común y corriente, es un ejemplo conocido de "crowdsourcing".

Empresas que han utilizado ese esquema son Lego, que lanzó una convocatoria para descubrir a los inventores de la próxima generación de productos "Lego Robotic", y Zazzle.com, que recompensa el diseño de camisetas, sellos postales y otro tipo de mercancía. El usuario de Zazzle simplemente crea una galería de diseños, que pueden imprimirse en tazas para café o en tarjetas de cumpleaños, y puede ganar hasta el 17 por ciento de la venta de los productos.Las instituciones también están recurriendo al "crowdsourcing", entre ellas el laboratorio mediático del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), para el desarrollo y prueba de software y hardware y la creación de robots.

El "crowdsourcing" es asimismo una tendencia en la industria de los medios de comunicación, sobre todo en la publicidad y en estaciones de televisión que alimentan su contenido con las contribuciones del público y de potenciales usuarios. Empresas como Sony, MasterCard, Converse y Chevrolet han usado anuncios publicitarios confeccionados por sus propios usuarios. Renee Hopkins, una periodista que sigue las tendencias en el campo de la mercadotecnia, asegura que si bien el "crowdsourcing" baja los costos de generación de contenido y solución de problemas, por otro lado aumenta el costo y la necesidad de filtrar las opciones disponibles. "Las empresas deberán no sólo tamizar las propuestas buenas y malas, sino saber escoger la opción que mejor se ajuste a sus estrategias y necesidades", apunta. A su juicio, el desafío no está en hallar a las personas más inteligentes y trabajar con ellas, ni en encontrar las soluciones más baratas, sino dar con las que sean más "correctas".

LA LIBRETA DE LLUIS FOIX

Ideología significa idea lógica y en política no hay ideas lógicas, hay ideas sujetas a debate que se aceptan con un proceso deliberativo pero nunca por la evidencia de una deducción lógica ante la que allanar las facultades críticas.

Son palabras del breve prólogo que José Luís Rodríguez Zapatero al presentar el libro del ministro Jordi Sevilla, “De nuevo socialismo” (Crítica, 2002). Si algo caracteriza a la izquierda, continua Zapatero, desde sus más remotos orígenes es su rebeldía intelectual, la permanente discusión de su propio pensamiento y el rechazo de cualquier ortodoxia, sobre todo aquellas que se fundan en la tradición, el prejuicio o el poder.Interesantes, por no decir desconcertantes, las palabras del presidente Zapatero.

Me invitan a situar en su contexto las líneas centrales de su pensamiento en el que la lógica ocupa un lugar secundario. Entiendo así muchas de sus decisiones que no se rigen por la lógica sino por su intuición. Intuición que puede serle útil para gobernar en su casa o en su partido pero que pueden ser peligrosas cuando se trata de arbitrar los intereses contrapuestos de los ciudadanos, de todos ellos. El debate no es el proceso de paz con ETA iniciado con gran audacia por Zapatero. El debate es el propio Zapatero que sé hacia donde quiere ir pero no acabo de entender el camino emprendido. Parece que anda perdido pero, ¿y si llega al punto que quería llegar? Lo he hablado con colegas analistas de la política nacional. Con un joven editor de éxito y con un periodista que ha pasado varios años en Europa.

Hemos llegado a la conclusión que lo que más puede parecerse al perfil del personaje es el protagonista de la película “El Gran Salto”, de los hermanos Cohen.Les resumo la trama de la película. Norville Barnes, recién licenciado en economía, llega a Nueva York procedente de una pequeña ciudad de Indiana. Con su título bajo el brazo y muchas ilusiones se presenta en una gran empresa neoyorkina decidido a conseguir un buen empleo.

Sólo se le ofrece un puesto de trabajo como botones. Barnes cavila una idea original para producir un juguete infantil que está decidido a presentar ante el máximo ejecutivo de la empresa. Cuando se dirige al despacho del director y propietario se encuentra con la desagradable sorpresa que el presidente de la compañía decide suicidarse arrojándose desde una ventana de la planta 44 del edificio.Cunde el pánico en los mercados ya que el propietario suicidado no ha dejado testamento ni herederos. El Consejo de Administración decide un siniestro plan para hacerse con la compañía. Su estrategia consiste en nombrar a un incompetente como nuevo presidente de la empresa lo que ahuyentará a los posibles inversores, devaluará las acciones y les permitirá hacerse con la empresa.El suicidio ha creado un gran desconcierto. Barnes entra en la oficina del Consejo, botones él, y es designado máximo ejecutivo. No contaban los opíparos capitalistas que el botones presenta su idea del Hula Hoop que resulta ser un éxito sin precedentes lo que convierte al advenedizo presidente en un personaje difícil de manipular. Su éxito es su coraza.El éxito del invento revaloriza la compañía y quienes creían en su torpeza acaban rindiéndose ante los beneficios creados por el invento y comercialización nacional del Hula Hoop. Cualquier parecido con la realidad es pura ficción. Pero si en política la lógica no es importante, no sé por qué, encuentro similitudes entre Barnes y Zapatero. Perdonen las molestias y la frivolidad de la comparación. Pero es viernes por la tarde y no volveré a conectarme hasta el lunes. Que lo pasen bien.

MELCHOR SE FUMA UN PURO

David Gistau. Avanza la cabalgata sacra, ya un poco fuera de fecha, pues se han agotado las visas, y el rey Melchor se fuma un puro. Es lo que hace todos los años, un puro habano, de los que le manda Fidel, de los que llevan dentro un microchip de la CIA o la NSA o el FBI Insurance Entertainment. Ahora las cosas son así, fluídas y dúctiles como dátiles, que se pegan a los dedos. Avanza la cabalgata por entre esa alfombra roja de colillas que tienden los edificios oficiales, ylos camellos han de pezuñar sobre brasas, como chamanes de asfalto.

La poli preventiva antidrogas para delante de los colegios, como no hay clase, vigila a los Reyes Magos, más que nada para entrenarse y coger práctica. A los Reyes Magos y, sobre todo, a los pajes, que muchas veces no tienen ni papeles, ni contrato ni carnet de puntos para camellear. Avanza la cabalgata sobre las ruinas sepultadas que habitaron sus ancestros, semitas, camitas, amorreos, amorrortus, hurritas, jafetistas, salafeños, nabateos- en fin, todas esas naciones y/o nacionalidades medio históricas medio prehistóricas.

Avanza el cortejo y el atasco de Grancasa (¡big salchichazo!) llega hasta el meandro de oro. Y Melchor, como todos los años, se enciende el puro que es una webcam con detector GPS y SMS: a cada mensaje publicitario de su operadora se le encienden las bombillitas de los guedejones. Y Baltasar, a medio regularizar, a medio asumir por el fosco nativo de las encuestas, que dice a todo que no para quitarse la mala rasmia que le entra por tener que responder a encuestas sin cobrar. Baltasar este año ni se cantea. Avanza el cortejo ya un poco crepuscular y bamboleante: si no les cambian las fechas a los Reyes (y cómo vas a cambiar esa fecha sin pedir permiso al gran y al pequeño comercio), la cosa languidece en una festividad de rastro y de todo a cien. El rastro, lo primero que ha de hacer es no esparcir tanta basura, que asuman sus bolsas volantes, que se las metan en la cabeza, como las abuelas cuando caen cuatro gotas, que la guarrería no es Expo. Total que al suspenderse el partido de ayer se ha colapsado la ciudad. No hay nada que hacer. Lo que cuesta ganar una Liga y una Copa. Así que a Melchor lo ha detenido la brigada de preescolar por fumarse un puro de broma, por hacer publicidad sin ser un fórmula uno.

LOS QUE AULLAN EN LA COPE

• Lo que aúllan en la COPE se llama 'oposición'. Y hay que aceptarla aunque no sea educada

FÉLIX De Azúa. Escritor. El inexorable descenso en las expectativas de voto de Esquerra Republicana, acompañado por el ascenso también inexorable de los convergentes (lo que ilustra sobre un electorado nacionalista más transversal que la Coca-Cola), se ha acentuado en las últimas semanas. Ello nos induce a recomendar a los independentistas que se pongan en manos de algún asesor de imagen. Alguna empresa sólida, elegante, bien trajeada, carísima, en fin, de izquierdas. No obstante, como adelanto y de un modo desinteresado, paso a recomendarles algunas correcciones prácticas y baratas.

Queda feo ponerse como fieras cuando el Gobierno quiere cerrar el diario Egin o el Egunkaria o cualquier otro fenomenal panfleto étnico y exigir simultáneamente que cierren la COPE. Es una recuperación desdichada del proteccionismo catalán que casa mal con el progresismo. Es cierto que resulta más cómodo acabar con la competencia y poner unas fronteras fiscales tremendas, lo que nos permite vender nuestros productos al precio que nos pase por la boina, pero va contra la moda. Si cerramos todos los medios que nos critican y abrimos todos los que nos alaban, la gente acabará harta de nosotros. Un poco de juego democrático es conveniente.

RECOMENDACIÓN: ayuden ustedes a la COPE, por ejemplo con artículos de Salvador Sostres que tanto dignifican las páginas del Avui y que parecen paridos por Federico Jiménez Losantos. Sean simpáticos.

No pueden ustedes llamar cobarde al pobre señor Raventós, o Freixenet, que los confundo, sólo porque teman que se les caiga encima la empresa. Incluso si ustedes creen que todos los empresarios catalanes son unos cobardes, cosa que se les oye decir de vez en cuando, no lo digan. Tengan en cuenta que ustedes viven del Estado y en cambio los empresarios, por lo general, de su trabajo. Está muy feo exigir a la gente que se sacrifique cuando uno mismo vive como un cura, no corre riesgos, viaja gratis, cobra la jubilación entera a los ocho años de empezar a firmar y sólo tiene que decir un par de bobadas cada día por la radio o por la tele.

Recomendación: reúnan ustedes los sueldos y comisiones de todos sus diputados en este mes de diciembre y dediquen esa porrada de millones a comprar cava. Lo cual tendrá un doble efecto. Por un lado sabremos lo que ustedes cobran de verdad, algo muy difícil de averiguar. Y por otro, los empresarios catalanes les verán realmente de su lado. El cava, luego, pueden repartirlo entre los pobres, con lo que aún ganarán en imagen y pondrán las Ramblas como le gustan a Clos.

Poco acertado (cosa realmente extraña) estuvo Carod-Rovira el otro día, cuando tras la manifestación del PP por la Constitución, etcétera, dijo que, para salir de su provincianismo, Catalunya tenía que dejar de mirar hacia España. La idea es buena, pero está mal expresada. Somos provincianos, pero no tontos. Por ejemplo, yo dejo de mirar a Hacienda y me ahorro un dinero, pero tendré que gastarlo en la cárcel. O bien, usted coge el coche y deja de mirar a las gasolineras, lo que también le reporta un beneficio, pero se queda tirado en la autopista. Claro, si dejo de mirar a España y me miro a mí mismo, corro el peligro de quedarme bizco. La idea, digo, es buena, pero le falta elaboración, como al señor Tardà.

Tomen ustedes el método De Madre. Con sutileza admirable dijo haber huido del franquismo que la mataba de hambre en Almería o en Jaén, que no me acuerdo, y haber encontrado refugio, consuelo y un sueldo en Catalunya, donde (se deduce) no había ni un franquista que la matara de hambre. ¡Menuda alegría se llevaron aquellos generosos empresarios que pagaban enormes estipendios a los inmigrantes de los años 60! Ése es el estilo socialista. Así se ganan amigos.

Recomendación: en lugar de no mirar a España, exijan ustedes que miremos a Prats del Lluçanès, o a Hostalets de Pierola. Lo contentos que se pondrán...

VEAN QUE HE vivido ya mucho y puedo darles unos cuantos consejos más, si me lo permiten. Se les nota un tanto verdes en esto de la democracia. Habituados a que en Catalunya no se haya puesto en marcha ese mecanismo (quizá innecesario, no lo niego) llamado oposición, carecen ustedes de reflejos. Lo que aúllan en la COPE, en la manifestación del PP o con el boicot de productos catalanes (¡qué mal corazón, señor!) se llama oposición. A veces es educada y a veces, no. Pero, claro, no tiene mérito aceptar sólo la educada. Eso lo hace cualquiera.

Ustedes han de dar muestras de que son más demócratas que nadie y aguantar todo lo que les echen. Miren qué papel está haciendo Montilla, un político tan poco habituado a que le lleven la contraria. Ahora se la han llevado, y el pobre ha tenido que hablar por primera vez en su vida. No sigan ese camino. O bien quédense en casita, que se está muy bien, nadie te canta las cuarenta y en el mercado te dicen rei y reina.

Aunque yo creo que deberían intentar hacer política en un lugar serio, o sea, peligroso, como Madrid, donde hay políticos bravos, o sea, perversos, retorcidísimos. De ese modo harán músculo y, cuando vuelvan a Catalunya, los de aquí les parecerán unas nenazas y se los comerán de un bocado.

DESASTRES URBANÍSTICOS

El urbanismo está fuera de control en buena parte del litoral mediterráneo español. Hace tiempo que se han rebasado todos los límites de lo razonable en la gestión de nuestros recursos y que estamos instalados en un modelo de crecimiento tan insostenible como irresponsable. Las cosas han llegado hasta tal punto que incluso somos objeto de seguimiento específico por instituciones europeas. Preocupa hasta qué punto el modelo de crecimiento disperso y de ocupación desordenada y depredadora del territorio en áreas litorales y en algunos espacios rurales más interiores, se aleja totalmente de las directrices europeas que apuestan por nuevas formas de gobernanza democrática y por la gestión prudente del territorio y de los recursos. También preocupan las formas, por cuanto las evidencias dejan pocas dudas acerca de la existencia de colusión de intereses, de confusión entre público y privado, de tráfico de influencias, de utilización ilícita de información privilegiada para especular, de falta de transparencia, de corrupción en definitiva. Nunca se ha hablado tanto de corrupción difusa en relación con el urbanismo desde el inicio de la transición democrática y nunca hubo tanta espesa opacidad en los procesos de toma de decisiones relacionados con la urbanización.
Es como si se hubiera producido una cierta vuelta al pasado, como si cada vez nos alejásemos más del código de buenas prácticas en el gobierno del territorio, para adentrarnos en el terreno intransitable, por antidemocrático, de la "mala política", del "capitalismo de casino". Aquel en el que grandes proyectos que modifican sustancialmente los usos del suelo en centenares de municipios responden a acuerdos previos, legitimados legalmente a posteriori, entre promotores y representantes políticos locales o regionales en conversaciones privadas. Aquel en el que los intereses generales son orillados o ignorados. Aquel en el que el territorio es entendido tan sólo como activo financiero y como recurso explotable y no como referente identitario y cultural, como bien público, como espacio de solidaridad y como legado. Aquel en el que prevalece el corto plazo del ciclo político de cuarenta y ocho meses que media entre cada convocatoria electoral. Aquel en el que la discrecionalidad prevalece sobre la seguridad y la participación democrática de todos los actores implicados y afectados. Aquel en el que son los gabinetes de las empresas promotoras los que realmente van dando forma a los procesos de urbanización. Aquel en el que la política territorial sigue al dinero, y no al revés, como debe ocurrir en democracia. Aquel en el que el territorio se consume a grandes bocados dispersos, con el resultado final de centenares de actuaciones tan incoherentes e irracionales como insostenibles. Aquel en el que se insiste en crecimiento y no en desarrollo, en cantidad y no en calidad.

Se habla mucho y mal, con toda razón, de la Comunidad Valenciana. El propio Parlamento Europeo sin duda va a contribuir al mejor conocimiento de unas malas prácticas territoriales que en los últimos años vienen desarrollándose en esa Comunidad Autónoma a causa de la aplicación abusiva de la legislación vigente. Pero esta resolución, sin efectos jurídicos pero con gran impacto político y mediático, debiera servir para abrir el debate en profundidad acerca de las dinámicas territoriales y urbanísticas que están teniendo lugar en gran parte del litoral mediterráneo español y de la forma de encauzarlas. Porque el proceso trasciende el marco geográfico y legal específico de la Comunidad Valenciana para extenderse por los espacios litorales e incluso de interior del conjunto de los espacios litorales y prelitorales mediterráneos.

En unos casos, como el valenciano, la combinación de la figura del agente urbanizador contenida en la ley -aunque pensada inicialmente para suelo urbanizable- con la legislación estatal del Gobierno de Aznar sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo, ha resultado letal para el territorio. La actitud permisiva de un gobierno regional que ha dimitido voluntariamente de sus obligaciones de coordinación y de elaboración de Planes Territoriales de ámbito supramunicipal, unido a la posibilidad de promover de forma indiscriminada procesos de urbanización en suelo rústico al margen de los Planes de Ordenación Urbana municipal, ha desencadenado un proceso, en buena parte irreversible, de incalculables consecuencias. Muchos ayuntamientos, sin distinción alguna de color político, pugnan por presentar decenas de iniciativas que van desde la irracionalidad al puro dislate. Casi la totalidad de estos proyectos de urbanización, que pueden suponer la construcción de casi un millón de nuevas viviendas, se realiza al margen de los Planes Generales. En ocasiones, aunque no esté agotado el suelo programado en el Plan o aunque el Plan General haya sido aprobado hace escasos seis meses. Y algunos suponen duplicar o triplicar su población actual. En otros casos, y esto resulta más difícil de explicar si cabe, es el propio gobierno regional el que participa en la promoción mediante la creación de sociedades mixtas con empresas privadas. En todos los casos, del objetivo inicial de la legislación de 1994 que pretendía que el suelo urbanizable no quedara inmovilizado por sus propietarios, ha devenido en que ahora el suelo está monopolizado en manos de un número reducido de agentes urbanizadores que especulan, controlan el proceso y el ritmo de urbanización y condicionan y distorsionan extraordinariamente la vida política local y regional. Entre esos escasos agentes urbanizadores, dos de los más importantes son las dos Cajas de Ahorros regionales que también han preferido deslizarse por la senda cómoda pero sin futuro de la especulación.

Pero en el litoral de Murcia las cosas no son muy diferentes. Con otras normas, como las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, se promueven actuaciones de urbanización masiva, como Marina de Cope, que suponen la urbanización en suelo rústico de más de dos mil hectáreas en el litoral suroccidental de la región. De hecho, la tasa de urbanización reciente en el litoral de Murcia es todavía superior a la de la Comunidad Valenciana. Por último, la historia de la ordenación de los espacios litorales del mediterráneo andaluz evidencia un rotundo fracaso del gobierno regional en este campo. Después de más de diez años de vigencia de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, el Gobierno regional no ha querido o no ha podido dar contenido pleno a los Planes de Ordenación Territorial de ámbito subregional. Una renuncia política tan clamorosa como inexplicable después de décadas de gobierno progresista, dado que la escala regional está habilitada para ejercer plenamente la facultad de ordenación del territorio en niveles plurimunicipales al amparo de la aplicación del principio de coordinación, tal y como el propio Tribunal Constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones.

Las cosas se pueden hacer de otra manera. Incluso se pueden hacer razonablemente bien. Sólo se requiere voluntad política para promover un desarrollo territorial más sostenible. Sugiero al lector una aproximación al conocimiento de los principios inspiradores y al desarrollo de los Planes Territoriales impulsados por el actual gobierno de la Generalitat de Cataluña, en especial el proceso de elaboración y aplicación del Plan de Ordenación de la Zona Costera, al Plan Territorial Insular de Menorca o al Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, para comprobarlo.

Hay que insistir en esa dirección. Las actuales dinámicas territoriales comprometen el bienestar colectivo y condicionan el de futuras generaciones. Generaciones que no pueden votar, porque no han nacido. Lo cual nos conduce de forma insoslayable al debate sobre el concepto de democracia insuficiente. Porque en materia de política territorial la mayoría aritmética en parlamentos y ayuntamientos no es suficiente. Carecen de la legitimidad moral necesaria. Por eso el gobierno del territorio tiene que situarse en el centro del debate como objetivo político estratégico. Entendiendo por político, ciudadano. Es decir, una cuestión que compete a todos y no solamente a políticos o a expertos.

Mientras tanto, mientras en la escala regional no se disponga de Modelos Territoriales consensuados, mientras no se disponga de Planes Territoriales subregionales del estilo de los que aconsejan hace tiempo las autoridades europeas y el sentido común, mientras no se resuelva de otra manera la financiación de los ayuntamientos (y probablemente de los partidos), hay que hacer posible que avance el debate ciudadano, exigiendo en cada nivel, en especial en la escala local, más prudencia, más responsabilidad, otras prácticas y otra forma de gobernar. Y en este punto el papel de los medios de comunicación, como demuestra la historia del medio ambiente en Europa, es esencial. Hasta que seamos capaces de situar este problema como un problema de la mayoría. Hasta que seamos capaces de consolidar otra cultura del territorio.

Darwin gana la batalla de Pensilvania

Casi siglo y medio después de que formulara su teoría sobre el origen de las especies Darwin ha ganado una batalla en los tribunales estadounidenses. Un juez federal ha decidido prohibir la enseñanza de la teoría del diseño inteligente -el nuevo disfraz del viejo creacionismo- que se impartía desde 2004 en el pequeño pueblo de Dover (Pensilvania). Once padres de familia que denunciaron esta situación se han convertido así en los ganadores de la mayor batalla legal sobre la enseñanza de la evolución desde 1925.

"Los ciudadanos de Dover han recibido un pobre servicio de los miembros de la consejo directivo que votaron a favor de enseñar el diseño inteligente", asegura en la sentencia el juez de distrito John E. Jones III, responsable de la histórica decisión. Y añade: "Es irónico que varios de esos individuos que ocultan hermética y orgullosamente sus convicciones religiosa en público, al mismo tiempo mientan para ocultar sus intenciones y disfrazar su propósitos auténticos detrás de la política de esta teoría".

Con estas premisas la conclusión de Jones es clara: "Es inconstitucional enseñar la teoría de la evolución como alternativa a la de la evolución en las clases de ciencia de las escuelas públicas". Así pues, a través de su sentencia de 139 páginas, el juez da la razón a los demandantes que sugerían que la dirección de la escuela había violado la cláusula constitucional que establece la separación entre Iglesia y Estado, pilar fundamental de la Constitución americana.

Gran expectación

En octubre de 2004 Dover se convirtió en la primera escuela de distrito de todo el país en incluir la doctrina del creacionismo remozado en su programa de ciencias. De hecho sus alumnos de noveno grado deben, desde entonces, estudiar que la teoría de la Evolución "no era un hecho", que tenía algunas lagunas y eran invitados a considerar "otras explicaciones del origen de la vida", como la del diseño inteligente. Por ello el proceso ha sido observado con lupa desde al menos 30 Estados donde los grupos cristianos conservadores, precisamente aquellos que tienen mayor influencia en el Gobierno de Bush, están planeando iniciativas similares.

La batalla legal es el último capítulo en un larguísimo debate que se inició en 1925 con el llamado Juicio del mono. En aquella ocasión, pese a que la la teoría de la evolución estaba ampliamente difundida como una evidencia científica y había sido aceptada, por ejemplo, por la Iglesia Católica, la Corte Suprema de Tenesee condenó al profesor John Scopes a pagar una multa de cien dólares por violar una ley -la Tenesee Butler Act- que declaraba ilegal enseñar cualquier teoría que negara la historia de la Creación Divina del Hombre.

Esta derrota legal de la ciencia se convirtió, paradójicamente en una victoria, cuando la decisión se apeló ante instancias superiores. El Alto Tribunal dictaminó que los juzgados de distrito no podían cobrar más de 50 dólares y Scopes fue absuelto. Probablemente será otra vez el Supremo quien finalmente determine qué futuro aguarda a la teoría del Diseño Inteligente en las escuelas estadounidenses.

Lobos, corderos y semáforos

Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte

Pues sí, chico. Ya ves. Toda la vida diciéndote tus viejos y tus profesores que hay que tener buen rollito, que la violencia es mala y que el diálogo resuelve todo problema. Y tú, creyéndotelo. Y resulta que el otro día, cuando ibas de marcha con tu novia y tus amigos sin meterte con nadie, un grupo de macarras se bajó de las motos y os infló a hostias por la cara, oye, sólo por pasar el rato, y al que más le dieron fue a ti, justo cuando hacías con los dedos la uve de paz, colegas, pis, pis, decías en inglés, que suena más globalizado y dialogante. Peace, colegas. Pero los colegas, que no debían de puchar el guiri, se pasaron la uve por el forro, y te pusieron guapo. Y date con un canto en los dientes –los pocos que aún tienes sanos– de que encima no le picaran el billete a tu churri.

Y sorprende, claro. Con tu buena educación y todo eso. La violencia es mala, etcétera. Y claro, sí. En principio, lo es. Pero también resulta útil para la defensa, o la supervivencia. Si tus abuelos no hubieran peleado por cazar y sobrevivir, no existirías hoy. O recuerda Sarajevo, hace nada. Y así. Sin la capacidad de luchar cuando no hubo más remedio, tu estirpe se habría extinguido como otras –más débiles o pacíficas– se extinguieron. Ahora vives en una democracia donde eso parece innecesario. Aquí, la renuncia del ciudadano a liar pajarracas individuales se fundamenta en que el Estado asume el monopolio de la violencia para emplearla con sensatez cuando las circunstancias lo hagan inevitable. Dicho de otro modo: la gente no anda armada y dándose estiba porque es el Estado quien, mediante las fuerzas armadas y la policía, administra la violencia exterior e interior con métodos respaldados por las leyes, el Parlamento, etcétera. Ésa es la razón de que, un suponer, cuando alguien esgrime un baldeo y te dice afloja la viruta y el peluco, tú no saques una chata y le vueles los huevos al malandro, sino que estés obligado a mirar alrededor, paciente, en espera de que un policía se haga cargo del asunto, proteja tu propiedad privada y conduzca al agresor a un lugar donde quede neutralizado como peligro social.

Pero eso es en teoría. Tu problema, chaval, es que te han educado para ser el corderito de Norit antes de que los lobos desaparezcan. O lo que es peor, cuando ya sabemos que no van a desaparecer. Dicho de otra manera, olvidaron enseñarte a pelear por si fallaban los besitos en la boca, los policías, los jueces, las oenegés y los soldados sin fronteras. Por eso en ciertos ambientes y circunstancias lo tienes crudo: un toro capado y sin cuernos sólo sobrevive entre bueyes. En lo que llamamos Occidente, gracias a una espléndida tradición grecolatina, humanista e ilustrada, los derechos y las libertades alcanzan hoy cotas admirables, merced a la confianza de los ciudadanos en mecanismos democráticos garantizados por leyes convenientes y justas. Dicho en fácil: hemos convenido, por ejemplo, que ante un semáforo en rojo los coches se detengan, porque eso mejora el tráfico y la convivencia. El problema surge cuando un hijo de puta –condición propia, siento comunicártelo, de la naturaleza humana– pasa de semáforos y circula a su bola. Entonces, quienes se detienen con la luz roja están en inferioridad de condiciones, desvalidos ante quien aprovecha para colarse, llegar antes y hacerse el amo de la calle.

Y ése es tu problema: la indefensión de quien respeta el semáforo cuando otros no lo hacen. Unos por falta de costumbre, pues vienen de donde no hay señales de tráfico, o no funcionan. Otros, los de aquí, porque se nos fueron de las manos y no somos capaces de darles educación vial ni de la otra. Y claro: a veces algunos de ellos ceden a la tentación de utilizar el semáforo contra quienes, prisioneros de él, lo respetan. Contando, naturalmente, con la pasividad cómplice de aquellos a quienes corresponde el control del asunto, que suelen permanecer paralizados por el miedo a que los llamen autoritarios y poco enrollados, hasta que de pronto se acojonan y sacan los tanques a la calle, o preparan el camino para que otros matarifes los saquen. Contradicción, ésta, característica del espejismo en que vivimos: un mundo socialmente correcto, donde todo ejercicio de autoridad o violencia legítima, por razonable que sea, queda desacreditado gracias a tanto cantamañanas que vive de la milonga y el cuento chino.

MANUEL AZAÑA Y CATALUÑA

Manuel Ramírez es catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza.

Hace pocos días, mi buen amigo, profesor y periodista Antonio Domínguez recordaba con oportunidad que en este año de sobrados aniversarios pasara por alto que se cumplían los 65 años del fallecimiento del posiblemente mejor político de nuestra Segunda República, Manuel Azaña. Sabido es que ocurre en la ciudad francesa de Montauban el 3 de noviembre de 1940. Lo hace casi en soledad. Un distinguido miembro de la Iglesia católica con el que sostiene largas conversaciones, sin que se conozca a ciencia cierta el resultado final de las mismas. Su siempre fiel esposa, a la que, por cierto, nuestro actual Rey recibe mucho tiempo después en el exilio. Alguna visita esporádica de compañeros republicanos. Y poco más. Bueno, también su penosa enfermedad plagada de recuerdos, añoranzas, muchas incógnitas sobre el inmediato y algún que otro reproche. En un día de niebla y lluvia decía adiós a la vida y a su vida aquel personaje del que durante mucho tiempo se afirmara aquello de que "la República fue Azaña y Azaña fue la República". La historia, ya en nuestros días, vendría a redimir a quien sus enemigos de entonces y del inmediato después calificaran como "El Monstruo". Y se quejaba mi citado amigo de que todavía haya que desplazarse al vecino país para honrar su figura y su memoria, "sin poder hacerlo en España". Le contesto: el mismo Azaña quiso que así fuera. Como adivinando el trasiego de cadáveres que luego se iba a producir, se anticipó a ello con esta profunda súplica: "Que me dejen donde caiga, y si alguien, un día, cree que mis ideas eran dignas de difundirse, que las difunda. Ésos son los únicos restos de un ser humano que deben ser movidos si lo merecen".

Pues bien, andamos en tiempos de volver a sus ideas en los momentos en que el Estatuto de Cataluña constituye tema principal de discusión entre nuestros políticos. Y ello porque, a no dudarlo, Azaña constituyó el auténtico artífice e impulsor del Estatuto que la República concede a Cataluña el 9 de septiembre de 1932.

La empresa no resultaba nada fácil, ni mucho menos. Ello motivó la muy extensa y hasta cruda discusión en las Cortes republicanas. Se presentaban tres principales obstáculos a superar. En primer lugar, la misma regulación que hacía la Constitución de 1931. Tras la definición del Estado como "integral", evidente fórmula de compromiso entre las corrientes que ocupaban los escaños, no se hablaba de nada más que de posibles regiones con autonomía. Felizmente, los constituyentes de la época no dieron entrada a otros términos o denominaciones. Y lo evitaron sin ningún tipo de reparos. Es decir, no cayeron en lo de "nacionalidades", ambigua expresión que tantos quebraderos de cabeza dio a los constituyentes de 1978. Parece que se trató de una propuesta del diputado Roca como reconocimiento y distinción a aquellas comunidades autónomas que en el pasado, durante la República, habían obtenido ya un Estatuto de autonomía: tendrían un más fácil acceso a una nueva autonomía por un camino corto previsto por el mismo texto constitucional. A mi entender, el término no resultó muy feliz, y prueba de ello ha estado en su no uso posterior. Pero no nos alejemos de la Constitución de 1931. Lo realmente importante es que la Constitución republicana basaba la posibilidad de obtener autonomía para aquellas regiones (y únicamente regiones) que gozarían de un grado mayor o menor de competencias "según su capacidad política, a juicio de las Cortes". Nunca se habló de "hechos diferenciales", sino de "características comunes" entre provincias. Y el título que regulaba el proceso autonómico llevaba la denominación de "Organización Nacional", quedando lo de "Nacionalidad" para señalar quiénes eran españoles. En mi opinión, una regulación mucho más clara y, a la vez, restrictiva que en la actualidad.

En segundo lugar, y casi como derivación de lo anterior, la concesión de Estatutos de autonomía se entendió siempre por la República como una excepción. No como algo "para todos". Se pensaba, y así ocurrió, fundamentalmente para dar una solución al heredado "problema regional", centrado en Cataluña -y no únicamente por los antecedentes históricos existentes-. También por las condiciones establecidas en el famoso Pacto de San Sebastián y, sobre todo, por no existir dudas sobre el republicanismo de aquella entonces región. Por ello, el tema de Cataluña fue prioritario para los grupos de izquierda y centro-izquierda. Frente a esa confianza, el reparo hacia el País Vasco que, tras repetidos intentos, no obtiene su Estatuto hasta ya iniciada la Guerra Civil. El reparo ante este segundo caso lo encontramos en las mismas irónicas palabras de Azaña. Escribe así en 1933: "Fuimos a Guernica. Visitamos el Árbol y la Casa de Juntas, donde hay una porción de cachivaches que pretenden ser antigüedades y reliquias de una tradición". La crueldad en las expresiones constituyó, como en muchos casos lo demuestra, algo que Azaña no evitaba. Claro está que este mismo carácter de excepcionalidad tuvo también y de inmediato el argumento del agravio comparativo con otras regiones por parte de los enemigos del Estatuto. De ahí se derivaron no pocas consecuencias.

Y, por último, acaecía que el PSOE, el partido mejor organizado al llegar la República, nunca se mostró autonomista. Como tampoco los sindicatos de UGT y CNT. Sus apellidos de "internacionalistas" lo impedían de entrada. Por eso costó tanto sacar adelante la aprobación de Estatutos. Bastaría con recordar la famosa expresión de Prieto oponiéndose con fuerza a la creación de un segundo Vaticano en España, al referirse al País Vasco. Aquí, por demás, andaba por medio la desconfianza hacia el PNV y su profundo catolicismo. Superar todas estas circunstancias constituía una batalla de difícil victoria.

Y el triunfo vino de las manos de Azaña. En los debates parlamentarios y en la prensa de la época el tema catalán ocasionó un duro enfrentamiento. A los grupos de la derecha se unieron, a más de los citados, hasta los mismos intelectuales del momento, con Unamuno a la cabeza. Lo que podríamos llamar posición intelectual o filosófica del debate la presentó el mismo Ortega: el problema no tenía solución. Únicamente se podría "conllevar", expresión que pronto pasó a la historia. Y la tarea política y práctica, en los acuerdos de trastienda y, sobre todo, en el debate parlamentario de Manuel Azaña. En el mes de mayo, Azaña había puesto fin al debate sobre la totalidad del proyecto señalando los "intentos de monopolizar el patriotismo y algo de malevolencia política". Y en las semanas siguientes se emplea a fondo tras el auténtico vendaval de votos particulares (sólo el diputado Royo Villanova había presentado nada menos que 29) e interminables enmiendas. Tras el enorme esfuerzo, el Estatuto quedó finalmente aprobado, en votación nominal, el día 8 de septiembre. El apoyo de los socialistas dejó en solitario a los grupos de la derecha, que únicamente consiguieron 24 votos en contra, frente a 314 a favor.

El júbilo fue enorme en Cataluña. El 15 de septiembre se firma el Estatuto en San Sebastián, en un acto presidido por el mismo presidente de la República. Días más tarde, Azaña visitaba Barcelona para recibir el agradecimiento de los catalanes. Sus palabras no pudieron ser más elocuentes: "El hecho que celebramos no es un hecho catalán, sino un hecho español, y más diré: un hecho de la historia universal, y es probable que sea la República española, con sus soluciones autonomistas, la que en adelante señale los caminos a seguir a otros pueblos europeos en situación más o menos semejante a la nuestra". Parecía hablar para el futuro de nuestro propio país. Para el periódico madrileño Ahora, la solución no podía haber sido otra: "La República combinada con la autonomía" (29 de septiembre de 1932).

El artículo primero del Estatuto comenzaba así: "Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto". Y en su artículo tercero se podía leer lo que sigue: "Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Éstos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos que los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República". Me parece oportuno el recuerdo de estos dos artículos. Ni en ellos ni en el resto de los no citados aparecen en ningún momento palabras tales como Nación, Nacionalidad, Hecho Diferencial, Soberanía compartida, Estado Asociado, Federalismo Asimétrico, etcétera, ahora tan al uso por el reverdecer de nuestros nacionalismos.

El Estatuto corrió la misma historia de vaivenes por la que atravesó el régimen republicano. Suspendido por el Gobierno Lerroux-Gil Robles en el segundo bienio, vuelto a poner en vigencia por el Frente Popular, derogado y condenado por el sistema autoritario que se implanta en 1939. Y allá, el solitario de la Pobleta, el Manuel Azaña que nunca quiso encabezar el Gobierno cercano a la guerra. Allá, completamente aislado quien había optado, sin condiciones, por la Presidencia de una República cuya vida se extinguía. No había servido su famoso discurso en el mismísimo Ayuntamiento de Barcelona el 18 de julio de 1938, y cuando el resultado bélico era ya previsible, pidiendo, en "nombre de la patria eterna", "Paz, Piedad y Perdón". Poco tiempo después es cuando aparecen sus reproches. La cuestión catalana perdurará "como un manantial de perturbaciones (...) y es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del pueblo español". Ahora parece que es Ortega quien habla. Azaña condena la insurrección libertaria y alude al llamado "eje Barcelona-Bilbao" como obstáculo para el triunfo en la guerra. Y es que al que fuera el gran protagonista y el gran hombre de Estado se le había ido de las manos "su República". Y con ella, "su Estatuto". Le quedaba la nostalgia, la sinceridad ante las causas de los acontecimientos y, por encima de todo ello, el inmenso cariño a la España que nunca había dudado en llamar así: "La patria eterna".

Las empresas se lanzan en la 'blogosfera'

http://www.lavanguardia.es/


Las compañías han decidido aprovechar la difusión que está teniendo el blog, esa fórmula de diario personal que se difunde como una mancha de aceite en internet. Directivos han abierto sus propias páginas para abrir discusiones con proveedores y clientes. También es una manera de influir sobre las opiniones de los internautoas y de mejorar la credibilidad de la marca. Pero en España, aún hay muchas reticencias ante este instrumento.
"En España es aún arduo cambiar la reticencia de los empresarios ante las novedades tecnológicas", dice un experto

NORBERTO GALLEGO - 08/12/2005
Barcelona

Mientras la prensa se ocupa de los problemas financieros de General Motors, el vicepresidente de la compañía, Bob Lutz mantiene su compromiso de escribir dos veces por semana un blog personal (fastlane.gmblogs.com), que le vale para discutir con concesionarios e ingenieros el diseño y desarrollo de los nuevos modelos de la marca. Lutz es el más encumbrado representante de una tendencia entre las empresas norteamericanas, los blogs corporativos como espacio de comunicación para recoger opiniones de los consumidores, lanzar mensajes a los medios y, llegado el caso, reaccionar ante una crisis de relaciones públicas.

Unas 60 corporaciones estadounidenses hacen este uso de los blogs, ya sea institucionalmente o alentando a ello a sus empleados. Casi todas, por ahora, pertenecen a sectores tecnológicos -IBM, HP, Microsoft, Sun, SAP, Yahoo, Boeing- pero la costumbre se extiende a otras industrias y ya ha desembarcado en Europa. Esencialmente, un blog es un diario personal, que se diferencia de una página web en que su autor lo expone con la intención de suscitar comentarios y servir de espoleta para una cadena de reacciones, merced a una técnica de enlaces conocida por la sigla RSS (really simple syndication).

Según estimaciones, existen actualmente unos 32 millones de blogs - la expresión suele traducirse como bitácora, y sus adeptos hispanohablantes se llaman a sí mismos blogueros o bitacoreros- y se dice que nacen unos 12.000 cada día. Son de muy diversos géneros e intenciones: políticos, periodistas, científicos, pero también ciberpredicadores, charlatanes y narcisistas, que de todo hay en lo que ha dado en llamarse blogosfera. Pero, ¿para qué querrían las empresas mezclarse con tan variopinta compañía?

En primer lugar, porque les interesa conocer e influir sobre las opiniones que circulan en internet acerca de ellas, de sus productos o sus competidores. En el caso de que esas opiniones fueran desfavorables, disponer de un blog propio hace posible replicar con las mismas armas antes de que sea demasiado tarde. También se consigue mejorar la visibilidad y credibilidad de una marca, gracias a que los blogs repercuten sobre el número de apariciones en los buscadores, vectores de notoriedad. En tercer lugar, un blog corporativo puede dirigirse directamente a los consumidores y entablar con ellos un diálogo que, como mínimo, puede ser instructivo para la empresa y su fuerza de ventas.

Enrique Dans, profesor del Instituto de Empresa, pionero de la blogosfera española y estudioso del fenómeno (edans.blogspot.com), comenta: "El número de lectores de blogs, aunque sean pasivos, crece exponencialmente, y es lógico que las empresas tomen nota de lo que pasa a su alrededor". Por otra parte, necesitan estar informadas, y los blogs pueden ser un instrumento idóneo para mantenerse al día. No obstante, señala Dans que en España es arduo cambiar la reticencia de los empresarios y directivos ante las novedades tecnológicas: "Cuando ven que sus empleados leen blogs, muchos piensan que es una pérdida de tiempo, sin pararse a considerar que un empleado bien informado puede ser parte de la ventaja competitiva de la empresa. Han pasado los tiempos en que se pretendía restringir el acceso del personal a internet o el uso del teléfono para llamadas privadas".

Pero, sobre todo, hay empresas que prohíben a sus empleados la publicación de blogs personales, por temor a la indiscreción. Es un esfuerzo inútil, dice Dans, porque hay formas de burlar la prohibición, e incluso puede que con esa medida acaben fomentando la rebeldía de un bloguero anónimo que, a su vez, situará a la empresa en el punto de mira de otros colegas.

IBM es un paradigma de actitud positiva. Estimula a sus empleados a bloguear y les facilita herramientas de publicación (www-128.ibm.com/developerworks/blogs), con la pretensión de convertirlos en evangelistas de sus métodos, productos y servicios. La condición es cumplir un código de once puntos, entre los que destacan el escrupuloso respeto por el copyright y la abstención de publicar información confidencial acerca de la empresa y de sus clientes o proveedores. Con esta fórmula, IBM ha conseguido legitimar entre sus empleados una práctica que en otras compañías puede ser motivo de despido.

Microsoft sigue una política similar (www.microsoft.com/communities/blogs/), tras haber comprobado las ventajas de contar en sus filas con un entusiasta pionero, Robert Scoble (www.scobleizer.com), a quien se reconoce el mérito de haber mejorado la percepción que de la compañía tienen muchos desarrolladores de software alrededor del mundo.

El potencial de los blogs para elevar una información u opinión a los primeros puestos en los buscadores produce efectos publicitarios, positivos o negativos. Este atributo tiene, a su vez, un lado perverso, la aparición de falsos blogs promocionales disimulados. L´Oreal ha sufrido una experiencia fallida, cuando su agencia tuvo la idea de crear un personaje ficticio que, bajo la apariencia de un blog, divulgó las virtudes de un producto cosmético; ante las críticas recibidas, la empresa optó por la vía de la transparencia (www.journaldemapeau.fr) y, desde entonces, reconoce la autoría de su contenido.

Una superchería no confesada es el pago a ciertos blogueros para que oficien como lanzaderas de rumores y juicios de valor, que en internet pueden alcanzar una dimensión inusual. Otra perversión del género se conoce como splog, combinación de spam y blog, lo que significa que no tienen más finalidad que servir como plataformas para campañas masivas de correo electrónico.

En España sigue creciendo el número de blogs personales, pero sólo ahora se empieza a despertar el interés de las empresas. "En otros países europeos -dice Dans- los blogs se usan como herramientas de comunicación interna, a las que el personal suele contribuir con noticias que considera relevantes para la empresa, pudiendo añadir comentarios o no, según los casos".

Un ejemplo a pequeña escala se da en el BBVA, que ha desarrollado un blog interno, restringido a una comunidad de usuarios con interés por la innovación tecnológica en distintas áreas del banco. Antonio García Maeso, responsable de la iniciativa, se declara satisfecho por los resultados y personalmente cree que podría ser útil en otras áreas, aunque no generalizable en la organización. Al menos otro banco español está analizando las opciones para introducir los blogs entre sus procedimientos de relación con la clientela.

El muelle flojo de Umbral

Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte

Incultura camuflada bajo la brillante escaramuza del estilo. En realidad nunca tuvo nada que decir.

Hace años tuve una polémica con Francisco Umbral que acabó cuando escribí un artículo titulado Sobre Borges y sobre gilipollas, donde el gilipollas no era Borges. Desde entonces, en lo que a mí se refiere, Umbral ha permanecido mudo; cosa que en un teclista con su logorrea –«escribe como mea», dijo de él Miguel Delibes– supone un prodigio de continencia. Pero el tiempo pasa, la edad termina aflojándole a uno el muelle, y ahora vuelve a meterme los dedos en la boca. El estilo, o sea. Al maestro de columnistas no le gusta mi estilo literario, y le sorprende que se lean mis novelas. También, de paso, le parece inexplicable que nadie lea las suyas, ni aquí ni en el extranjero. Que fuera de España no sepan quién es Francisco Umbral, eso dice tenerlo asumido: su prosa es tan perfecta, asegura, que resulta intraducible a otras lenguas cultas. Pero no vender aquí un libro lo lleva peor. No se lo explica, el maestro. Con su estilo. Así que voy a intentar explicárselo. Con el mío.

Francisco Umbral tiene –y nos lo recuerda a cada instante– la mejor prosa de España. También cultiva una imagen, más social que literaria, inspirada en el malditismo narcisista y la soledad del escritor incomprendido y genial. Pero eso es cuanto tiene. Nunca pisó una universidad como alumno, ni leyó un clásico, ni tuvo una formación que trascendiera la cita, el plagio entreverado y el picoteo de lo ajeno. La lectura tranquila de sus libros y columnas sólo revela frivolidad superficial, incultura camuflada bajo la brillante escaramuza del estilo. En realidad, Umbral nunca tuvo nada que decir. La idea, el comentario o el libro citados en abundancia aquí y allá –a menudo de forma incorrecta, como ocurre con Borges y la Biblia, entre otros– casi nunca provienen de lecturas directas, sino que delatan la tercería de la revista, suplemento cultural, antología o texto ajeno donde fueron espigados. Sospecho, además, que Umbral anda muy flojo de lenguas, lo mismo vivas que muertas, aunque para el estilo le baste con la que tan bien maneja. Y en cuanto a la gran novela básica, la que forma los cimientos de todo novelista sólido, su ignorancia resulta asombrosa en un escritor de tales pretensiones. Por eso resulta esclarecedor que, en sus innumerables intentos frustrados de novelar, mencione siempre con desprecio a Cervantes, Galdós, Dickens, Tolstoi, Dostoievski o Baroja, y entre los contemporáneos, a Marsé, Mújica Lainez o Vargas Llosa; o que cometa la bajeza de situar al honrado José Luis Sampedro o al dignísimo e impecable Luis Mateo Díez a la misma altura que a Mañas, el chico del Kronen. En esa línea, las universidades sólo valen para algo cuando invitan a Umbral, y le pagan. Igual que los premios literarios, el Cervantes o la Real Academia: sólo tienen prestigio si él los consigue.

Y es que Umbral no escribe literatura: él es la literatura –«Borges y yo», afirmaba sin complejos hace unos años–. Y si la gente no lo lee, es porque a la gente no le interesa la literatura; no porque no le interese Umbral, ni porque repugne, por ejemplo, el sexo turbio que impregna sus novelas; más turbio aún cuando imaginamos al propio Umbral practicándolo. Un personaje de quien Jimmy Gimenez Arnau –que no se diría, en rigor, espejo de virtudes– ha escrito: «Padece cáncer de alma».

La cita no es casual, porque, además de ser un periodista que nunca dio una noticia, de que en sus novelas y columnas no haya una sola idea, y de alardear de una cultura que no tiene, lo que trufa toda la obra de Umbral, desde el principio, es su bajeza moral. La «infame avilantez» que, ya metidos en citas, le atribuyó la poetisa Blanca Andreu. Siempre estuvo dispuesto a despreciar a novelistas ancianos o fallecidos como Gironella, Aldecoa, o el Cela a cuya sombra en vida tanto medró –y a quien dedicó, caliente el cadáver, un librito oportunista e infame, escrito, eso sí, con estilo sublime–, o a insultar y señalar con el dedo a antiguas amantes y a mujeres que le negaron sus favores; aunque esto lo hace sólo cuando no pueden defenderse y sus maridos están muertos o en la cárcel. Tan miserable hábito no lo mencionaría aquí de limitarse a lo privado; pero es que Umbral tiene la bajunería de salpicar con él su literatura. Su bello estilo. A todo eso añade una proverbial cobardía física, que siempre le impidió sostener con hechos lo que desliza desde el cobijo de la tecla. Pero al detalle iremos otro día. Cuando me responda, si tiene huevos. A ver si esta vez no tarda otros cinco años. El maestro.

Esa manteca colorá

Hay páginas contundentes como un puñetazo o un golpe de navaja en la entrepierna. Patente de corso, por Arturo Pérez-Reverte

Acabo de calzarme en una tarde Manteca colorá, de Montero Glez, antes Roberto del Sur, de quien tengo el gusto de llamarme amigo aunque hace tiempo que no lo veo, o lo frecuento, porque se arrimó al moro, con su pava, y allí sigue, dándole a la tecla y comiéndose la vida a puñados, y a Madrid sube de uvas a peras. Se trata de una novela corta, obscena y muy salvaje, de interés teóricamente limitado, pues la acción transcurre en Conil de la Frontera, un lugar del Estrecho con viento y mar, allá muy debajo de lo más abajo, entre traficantes y chusma bajuna, y en tono adecuado a las circunstancias: jerga costumbrista y local, poco exportable y, por supuesto, imposible de traducir al guiri. Y la verdad es que, en cuanto a asunto, estructura y personajes, la cosa no es deslumbrante: un contrabandista de hachís, una hembra de bar, unos cuantos malos. Por ahí no deben ustedes esperar maravillas, a menos que sean aficionados al género, o a las escenas de sexo duro que Montero Glez, como de costumbre, borda con la artesanía perfecta y la mala leche de quien sabe bien de qué está hablando. «Y fue entonces que la Sole se aupó sobre él y que él sintió el calor nutritivo de la entrepierna y dijo que no, Sole, que no, que esta noche salgo a la mar. Y apretó los ojos hasta contener el desbordamiento y renunció a seguir, que no, Sole, que no, abandonándola al antojo de las tormentas.» Por ejemplo.

Porque lo que de verdad importa en Manteca colorá, y a eso voy, es el lenguaje. El estilo literario, que dirían algunos críticos soplacirios. La manera de contar, o sea. El modo en que Montero Glez, al que la primera vez que le pones la vista encima, y lo oyes, y te tomas una caña con él, y concluyes que está muy para allá –equivocándote, pues en realidad el jambo está muchísimo más para acá de lo que parece–, narra las cosas, con esa forma de escribir que podríamos situar, sin pasarnos ningún pueblo, entre el Cela magistral y lamentablemente único, o casi, del Pascual Duarte y el Valle-Inclán del Ruedo Ibérico, aliñado todo con miles de horas de lectura humilde, sabia y bien aprovechada. Una vida lectora guiada por la fiebre de contar a su manera, por la certeza de la misión literaria personal, intransferible y fanática, que desde que tiene uso de razón –hay más libros robados que comprados en la biblioteca de su memoria– lleva a ese asendereado personaje, flaco, chupado, tierno a ratos, violento y bronca que te rilas, leal como un doberman y peligroso como un rotweiler majara, a través de la literatura como forma de vida, como aire para respirar, como angustia y como éxtasis. A ver, si no, cómo pueden tenerse los huevos de escribir aquellas líneas inmortales, el inicio glorioso de Sed de Champán, que ya cité en esta misma página hace tiempo: «El Charolito sólo se fiaba de su polla. Era la única que nunca le daría por culo».

Le envidio la prosa a ese hijo de puta. Lo juro. Lo dije alguna vez y lo repito. Soy académico de la Real y me gano bien la vida, pero lo cierto es que hay párrafos de Montero Glez que dejan sin aliento. Que me obligan a volver atrás despacio, casi cabreado, para estudiar palabra a palabra el mecanismo genial que las articula y dispone. Páginas contundentes como un puñetazo o un golpe de navaja en la entrepierna. Me ocurre eso desde hace muchos años, cuando nos conocimos en el quiosco de tabaco de Alfonso, en el Gijón, y leí unos folios que me pusieron la piel de gallina. Después se lo conté a Raquel, mi agente, y a Daniel Fernández, el editor de Edhasa, un buenazo que publicó Sed de Champán; pero la cosa terminó como el rosario de la Aurora porque Montero Glez, fiel a su estilo, les montó una serie de pajarracas, amenazas de posta lobera incluidas, que todos quedaron aliviadísimos cuando se largó con su contrato a otra parte. Eso me tuvo un tiempo sin dirigirle la palabra, me has dejado fatal, cabrón, etcétera. Pero las cosas pasan, y cada cual es cada cual, y me llama de vez en cuando, y esta vez publica con Mario Muchnik, y todo va como una malva, y en la dedicatoria manuscrita del último libro, el fulano ha tenido el detalle de poner: «Para A.P-R, que me indultó». Pero a ver cómo no indulta uno, díganmelo ustedes, a alguien capaz de escribir: «El Roque se conocía al dedillo el idioma de las porquerizas de la vida y bien sabía lo que para un cerdo con las hechuras del coronel significaban las noches de luna negra y viento de la mar: bellota».

El Estatuto de Cataluña y la 'West Lothian question'

LUIS MARÍA DÍEZ-PICAZO. La proposición de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña y remitida a las Cortes Generales no sólo plantea conocidas dudas en cuanto a su conformidad con la Constitución, sino que puede suscitar también algunas reservas en términos de democracia de las que se habla sorprendentemente poco. Se trata, en concreto, de un problema de teoría de la democracia conocido como la West Lothian question. Fue formulada por vez primera a finales de los años setenta, cuando se comenzó a debatir la posibilidad de dotar a Escocia de autonomía, por un político llamado Tam Dalyell, que era diputado liberal precisamente por la circunscripción de West Lothian, cerca de Edimburgo. El problema puede enunciarse así: si el Parlamento escocés recibe competencia sobre un amplio número de materias, incluidas aquellas que afectan más directamente a la vida de los ciudadanos, ¿por qué debería seguir habiendo diputados escoceses en el Parlamento del Reino Unido, con poder para deliberar y votar sobre asuntos que no conciernen ya a Escocia, sino sólo a las otras partes del país (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte)? En otras palabras, ¿por qué los escoceses deberían tener voz en los asuntos de los ingleses, galeses y norirlandeses, mientras que éstos no la tienen en los asuntos de los escoceses?
Que la West Lothian question no es un capricho académico lo demuestra el hecho de que ha sido -y sigue siendo- muy discutida en el Reino Unido, máxime después de que Escocia obtuviera efectivamente la autonomía en 1998. Baste mencionar el ejemplo de dos polémicas leyes aprobadas por el Parlamento del Reino Unido durante la pasada legislatura: una relativa a la transformación de los hospitales públicos en fundaciones y otra sobre incremento de las tasas universitarias. Pues bien, la mayoría a favor de ambas leyes fue muy estrecha y, aunque gran parte de su contenido no es de aplicación en Escocia, nunca habrían salido adelante sin el decisivo voto de algunos diputados escoceses.

El problema es controvertido y, como se verá enseguida, no tiene fácil solución. No es extraño que haya recibido respuestas muy distintas. De entrada, están quienes sostienen que se trata de un falso problema. Unos piensan que el problema es falso porque el Parlamento del Reino Unido puede siempre modificar, suspender o incluso suprimir la autonomía escocesa; y otros piensan que es falso porque cabría dotar de similar autonomía a las otras partes del Reino Unido, de manera que el desequilibrio desapareciera. Es dudoso que estas objeciones sean válidas en el propio contexto británico: por lo que se refiere a la primera, que la autonomía pueda ser suprimida no quita que, mientras subsista, el problema sea real; y en cuanto a la segunda, es dudosamente razonable que, para resolver la West Lothian question, haya que dotar de una autonomía similar a la escocesa a quienes no la desean. En todo caso, es importante observar que nada de ello sería predicable de la situación creada por el nuevo Estatuto catalán. No es verdad que éste pudiera ser suprimido por las Cortes Generales, ya que la reforma de los estatutos de autonomía ha de hacerse mediante el procedimiento previsto por ellos mismos, con ulterior aprobación por ley orgánica estatal (artículo 147 de la Constitución). Y tampoco es verdad que cupiera generalizar a todas las Comunidades Autónomas lo previsto en el nuevo Estatuto catalán, por la sencilla razón de que ello significaría la desaparición del Estado.

Se trata, por tanto, de un problema real, y así parece reconocerlo la mayor parte de quienes lo han examinado. Puede ser muy instructivo, así, para el actual debate sobre el nuevo Estatuto catalán examinar brevemente las tres respuestas principales que ha recibido:

1. Suprimir pura y simplemente la representación de Escocia en el Parlamento del Reino Unido. Ésta es la solución más radical. Solucionaría, sin duda, el problema democrático; pero su coste sería elevado, pues equivaldría a una secesión o, si se prefiere, a un repudio. Además, hay que tener en cuenta que, incluso en textos tan maximalistas como el nuevo Estatuto catalán, siempre quedan unas pocas materias de competencia del poder central, tales como la defensa y, en alguna medida, las relaciones internacionales.

2. Reducir la representación de Escocia en el Parlamento del Reino Unido. Se busca, así, que el peso relativo del electorado escocés en Londres corresponda a lo que Londres puede decidir con respecto a Escocia. Esta solución es menos radical, pero difícil de poner en práctica: ¿cómo se cuantifica el peso relativo de los asuntos sobre los que el Parlamento del Reino Unido sigue siendo competente en Escocia? Aquí conviene, por lo demás, hacer una breve digresión. Entre nosotros, alguien podría argüir que muchos ciudadanos de Cataluña sufren ya una merma de su peso electoral relativo, ya que las peculiaridades del sistema de elección del Congreso de los Diputados (sistema proporcional de lista, más circunscripción provincial, más tope constitucional máximo de 400 escaños) hacen que obtener un acta de diputado exija 20 veces más votos en las provincias más pobladas que en las menos pobladas. Ahora bien, siendo esto cierto, no hay que olvidar que el alejamiento español del ideal democrático "una persona, un voto" es neutral con respecto a las "reivindicaciones nacionalistas": es verdad que el voto de los ciudadanos de la provincia de Barcelona pesa mucho menos que el de los de la provincia de Palencia, pero lo mismo se podría decir de Madrid con respecto a Lérida. Lo único que razonablemente cabe inferir de estas actuales desigualdades en el peso relativo del voto es que a nuestro sistema electoral le vendría bien una revisión.

3. Establecer que los diputados escoceses en el Parlamento del Reino Unido sólo puedan deliberar y votar en aquellos asuntos que afectan a Escocia. Quizá ésta sea la solución más prudente, por ser la menos traumática. Pero tiene el inconveniente de la complejidad, ya que implicaría la existencia de un Parlamento con composiciones múltiples según los asuntos, y tal vez también con mayorías distintas en cada caso. A ello hay que añadir que no sería fácil elaborar la lista precisa de los asuntos en que los diputados escoceses -o catalanes- deberían tener voz y voto. Tratándose de la potestad legislativa, aún cabría usar como criterio las materias que sigan siendo de competencia del poder central; pero ¿qué pasaría con las atribuciones no propiamente legislativas del Parlamento como, por poner el ejemplo más obvio, otorgar o retirar la confianza al Gobierno?

Llegados a este punto, sólo resta hacer dos observaciones adicionales. Una es que invocar la West Lothian question no es neocentralista ni jacobino, por usar un término que sólo en la jerga política catalana tiene una connotación abiertamente peyorativa. El problema de democracia que se acaba de exponer puede no surgir en el sistema más descentralizado que quepa imaginar, siempre que todos los territorios que lo componen tengan similares competencias y prerrogativas. El problema no deriva del grado de descentralización, sino de la asimetría, es decir, de que algún territorio disfrute de una posición (asunción de competencias estatales, blindaje competencial, administración de justicia propia, etcétera) que los otros territorios no tienen. Es precisamente la asimetría lo que impide hallar una solución satisfactoria a la West Lothian question, pues no está dicho que sea posible tratar como iguales a ciudadanos de territorios desiguales.

La otra observación es que centrar el debate sobre el nuevo Estatuto catalán sólo en la constitucionalidad del mismo, incluida la famosa calificación de Cataluña como nación, puede ser un error. No digo que el respeto por la Constitución no sea importante, ni que el uso de la palabra "nación" -o de sus derivados- sea trivial. No lo creo. Ahora bien, discutir sólo de esto puede crear una cortina de humo que impida ver algo aún más importante: que el nuevo Estatuto catalán, tan celoso ante cualquier atisbo de intromisión, permitiría a los catalanes seguir participando como hasta ahora en los asuntos de los demás españoles, los cuales, sin embargo, carecerían de capacidad decisoria con respecto a Cataluña. Y esto equivaldría, ni más ni menos, a admitir la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Las constituciones nacen y mueren, e incluso naciones seculares pueden un día sufrir una dolorosa amputación; pero los postulados básicos de la democracia son los que son. Esto deberían tenerlo muy presente quienes han de decidir qué hacer con la proposición de nuevo Estatuto remitida por el Parlamento de Cataluña, pues es claro que este texto aspira a la vez al caldo y a las tajadas. Y si el dicho castellano resulta demasiado tosco, tradúzcase como que quiere al mismo tiempo le beurre et l'argent du beurre... et peut-être aussi la beurrière.

ENFERMEDAD PLANETARIA

MIJAIL GORBACHOV, ex presidente de la URSS
Traducción: Libertad Aguilera © La Stampa

Los gravísimos desórdenes que sacuden Francia, su extensión, su carácter de epidemia, imponen una reflexión que va más allá de las fáciles recetas políticas ligadas a la inmediatez de las noticias. Yo veo los síntomas de una enfermedad planetaria. El hecho de que se manifiesten con tanta virulencia en la muy cívica Francia no nos debe hacer perder de vista el cuadro general en el que se inscriben.

Si levantamos la mirada descubriremos que las oleadas de inestabilidad afectan a muchas otras zonas del mundo. Las raíces del problema no deben buscarse tanto - o sólo- en los errores cometidos por los países desarrollados en la gestión de las políticas migratorias, mejor dicho de las oleadas de inmigrantes que los embisten, sino más bien en el vertiginoso crecimiento de la desigualdad global que ha aumentado sin cesar en los últimos veinticinco años. La última generación se ha criado en esta desigualdad creciente, y los dirigentes de los países ricos se hicieron ilusiones de que millones y millones de personas se adaptarían a la situación. Ahora empezamos a ver que el crecimiento descontrolado de la riqueza de pocos ya no es aceptado por las masas pujantes de pobres, o por aquellos que acaban sintiéndose pobres (aunque con los baremos del pasado no lo serían) frente a la ostentación de la riqueza de los ricos, que es percibida como una ofensa.

No es casualidad que acaben pasto de las llamas los símbolos de la civilización de consumo y que, al mismo tiempo, la lucha política y sindical, que en otros tiempos era la norma, haya sido sustituida por el ejercicio de una violencia que aparentemente no tiene otro objetivo que la destrucción.

Echemos un vistazo a cómo ha terminado la reciente cumbre panlatino-americana: un clamoroso fracaso tras la constatación de contradicciones incurables que han obligado al presidente de EE. UU., George Bush, a abandonar la reunión sin haber obtenido nada, acompañado del evidentísimo disentimiento de los dirigentes de Brasil, Argentina y Venezuela, es decir, de los tres mayores países del continente latinoamericano. En este caso, el contraste entre ricos y pobres se ha manifestado no en la forma de guerrilla urbana, sino en una ruptura política que no tiene precedentes en la historia de las relaciones interamericanas.

Y solamente estamos hablando del mundo occidental, donde en apariencia parecen estar en vigor los mismos principios. Pero si volvemos la mirada un poco más allá, no es difícil ver una zona en la que viven más de mil millones de individuos que se sienten - o eso les parece al menos-, relegados a los márgenes del proceso histórico, apartados, humillados, ofendidos. Hablo, evidentemente, de los países islámicos. Que, para más inri, son los herederos de aquellos que durante 1.500 años ejercieron una enorme influencia sobre el curso de los acontecimientos mundiales y sobre la cultura de todas las civilizaciones vecinas, incluida la europea.

Tengo la impresión de que lo que está sucediendo en Francia podría repetirse y multiplicarse en toda Europa. A decir verdad, aunque yo no creo que pase, se dan todas las premisas.

En primer lugar, éstos son evidentemente los frutos amargos de una grave deficiencia de las políticas de acogida migratoria que siguieron al fin del sistema colonial. Francia, que además había acumulado gran experiencia tras la tragedia de la guerra argelina, parecía haber logrado un modelo de integración adecuado y que funcionaba. Ahora vemos que las cosas no eran así exactamente y que la condición social de las masas de inmigrantes había quedado muy atrás, tanto respecto a las condiciones de los ciudadanos de primera clase, como a las expectativas maduradas entre los ciudadanos de segunda. El problema de la justicia y la igualdad al final ha estallado como una bomba de efecto retardado.

Pero como he dicho al principio, este aspecto del problema sólo es una parte de él y no la más grande. El hecho es que el libre flujo de capitales,que ha abierto e inaugurado la era global, no podía a la larga no comportar también un inmenso flujo de hombres y mujeres. Bastante menos libre,bastante más obligatorio, trágico, sin frenos. Y los recién llegados son distintos de los viejos: conocen - porque lo ven en televisión- todos los reclamos que se presentan como obtenibles, al alcance de la mano, pero lo que experimentan es que no los pueden obtener ni ahora ni nunca. En esto se parecen bastante a quienes, en los países occidentales, fueron durante un tiempo ciudadanos de primera clase y a los que ahora los ricos están arrebatando su ciudadanía (o la esperanza de obtenerla, antes o después). Lo demuestra el hecho de que, en los desórdenes, se encuentren implicados miles de jóvenes franceses, me refiero a los de piel blanca.

Y también quiero decir algo sobre Rusia. No creo que Rusia esté amenazada por una guerra con el mundo islámico. Rusia es desde hace siglos un mundo de mundos, de pueblos y culturas. Con todo, los dirigentes políticos rusos no pueden huir, ni siquiera ellos, de la lección del tiempo. También entre nosotros está teniendo lugar una tensión creciente, que se manifiesta en formas de desprecio hacia las otras nacionalidades. Sería un error infravalorarlas. Porque también en Rusia, como en todos los demás lugares, se encontrarán rápidamente, si es que no se han encontrado ya, especuladores irresponsables que querrán utilizar estas tensiones en su propio beneficio.

Intentarlo desde otra óptica

POR JORDI PUJOL EX PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
¿INTENTAR qué? Intentar plantear el tema de Cataluña en España de una forma distinta a como suele hacerse. Desde la óptica de los deberes de cada cual, más que desde la de los derechos. De la responsabilidad (que no equivale a culpabilidad) respecto al otro, más que desde el estricto interés propio (aun siendo legítimo). Puede parecer ingenuo. Pero ya llevamos demasiados años, décadas, siglos sin plenamente entendernos, y a veces entendiéndonos muy poco, como para que valga la pena ensayar otros métodos (aunque parezcan ingenuos).Un posible método hasta hoy poco utilizado puede consistir, como decía, en preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad y si realmente la asumimos. Si cumplimos con ella. Ello requiere rechazar -como individuos y como colectividades-la idea de que sólo nos debemos a nosotros mismos. Rechazar lo que ahora se llama la moral de la desvinculación, es decir, aquella actitud que hace que para cada cual lo único que importa es la propia realización. Del resto nos desvinculamos. Los otros o no existen o existen poco, el interés general y el bien común no son asunto nuestro, los derechos no conllevan la contrapartida de deberes.

Traducido al tema de Cataluña en España, este método puede llevar a hacernos las siguientes reflexiones.

1. ¿Qué responsabilidades y deberes tiene Cataluña?

a) Como todo ser vivo, individual o colectivo, los de su propia continuidad y los de su propia realización. Ningún ser humano, ningún país, ninguna cultura tienen derecho a renunciar a sí mismos.

b) Dar a su gente lo que necesita para su promoción y desarrollo, para su bienestar. Y ello en todos los temas: social y económico, cívico y humano.

c) Ofrecer a su gente también aquel marco colectivo de comunidad de vivencia y de conciencia identitaria, de convivencia y cohesión que permita el desarrollo de las personas. Porque, como dice el artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos, «toda persona se debe a la comunidad, que es la única que le permite el libre y pleno desarrollo de la personalidad».

Más allá de estos debates referidos a sí misma y a su gente, Cataluña tiene otras responsabilidades y otros deberes. Uno de ellos, contribuir al progreso, a la paz y a la realización de los marcos políticos y humanos a que pertenece.Todos pertenecemos a diversos marcos políticos, culturales y afectivos que dibujan círculos concéntricos a nuestro alrededor. Podríamos hablar del mundo, o de Europa, o de la civilización occidental. Respecto a todos ellos tenemos derechos y deberes. Pero en el caso de Cataluña el primer sujeto de derechos y deberes, y de afinidades, es indudablemente España.

Y ello nos lleva a plantearnos la responsabilidad de Cataluña respecto al interés general de España.

a) España necesita que todos cuantos forman parte de ella colaboren al progreso económico y social del país, a su estabilidad, a su fortalecimiento general. A su prestigio internacional. Y tiene derecho a reclamar esta colaboración.

b) También necesitan -España y los españoles- que este progreso y este bienestar sean generales, que lleguen a todos los ciudadanos. Que todos puedan promocionarse. Y esto requiere una política de solidaridad, cuya principal responsabilidad recae en las personas, sectores sociales y territorios con mayor renta y mayor capacidad.

Una responsabilidad que Cataluña (y otras partes de España) tiene respecto a determinados territorios españoles. Aparte del deber de contribuir, como antes se ha dicho, al progreso general, tanto económico como político como moral.

Dejemos aquí de momento esta relación de deberes y responsabilidades catalanas. Formulando simplemente una pregunta: ¿Cataluña, estas responsabilidades -tanto las que la afectan directamente como las que tiene respecto al conjunto de España- las ha ejercido históricamente? ¿Las ha ejercido durante los últimos treinta o cuarenta años? ¿Y está en condiciones de ejercerlas?¿Qué responsabilidades y deberes tiene España?

a) También los de su propia realización colectiva, y por consiguiente su propio progreso económico y social, y su proyección y su prestigio. Y la unidad, en lo fundamental, de sus gentes y sus territorios.

b) También poner todo esto al servicio de su gente, de sus ciudadanos. Y ello en diversos aspectos: en el de su subsistencia, de su seguridad, de su formación y promoción, de su libertad. En el de sus valores humanos y culturales. En el de su identidad. Todo ello no sólo en el ámbito individual, sino también en el colectivo, porque -repito lo dicho antes-, como bien recuerda la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos individuales requieren el respeto a cada persona de sus derechos comunitarios.

España tiene el derecho, y el deber, de reclamar de todos sus ciudadanos, y de todos sus pueblos, apoyo para la eficaz asunción de todas estas responsabilidades.

c) Por otra parte, puede suceder que las gentes de un país se reconozcan en identidades diversas, aunque todas ellas encajadas en el conjunto. Es el caso de España, donde el sentimiento global de pertenencia convive con una conciencia, un sentimiento y una identidad fuertes y muy particulares, muy primigenios. España tiene el deber de respetar y ayudar a promover estas identidades, facilitándoles los instrumentos políticos, económicos e institucionales que requieren, no sólo por el valor intrínseco de toda lengua, cultura, conciencia histórica, etc..., sino porque son instrumentos de configuración de la personalidad de la gente. Su defensa y su desarrollo forman parte de los derechos individuales y colectivos básicos de unos ciudadanos catalanes que forman parte de España.

En este punto cabe que nos hagamos la misma pregunta que antes nos hemos hecho sobre si Cataluña había ejercido su responsabilidad respecto a España. Ahora en sentido inverso. La pregunta es: ¿esta responsabilidad, España en su conjunto la ha ejercido respecto a Cataluña?O, más en el detalle, ¿facilita el mantenimiento de la identidad colectiva de Cataluña? ¿Potencia o, por el contrario, frena su desarrollo? ¿Facilita que Cataluña pueda atender debidamente a sus ciudadanos?Hay españoles no catalanes a los que esta simple pregunta ofende.

Pero si Cataluña -120 diputados sobre 135- reclama un nuevo Estatuto, es porque cree que la situación actual no es la debida. Ante esto cabe una respuesta de ira. De sentirse ofendido. De rechazo total. O de no darse por aludido. Pero dada la magnitud de la demanda y la corrección con la que se plantea, estas respuestas no son válidas. Por lo menos, España en su conjunto debe interrogarse. Seriamente.

Y llegados a este punto es cuando nuevamente planteo una pregunta inicial: ¿y si invirtiéramos los términos con que tradicionalmente hemos abordado el tema de los derechos y partiéramos de las responsabilidades y los deberes de cada cual? ¿y si en vez de reclamar derechos propios y obligaciones de la otra parte unos y otros analizáramos primero si cada cual ha cumplido con sus obligaciones respecto al otro? Este enfoque podría quizás ayudar a comprender las razones de cada parte. Sería tal vez una buena manera de analizar el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña.

En un momento de gran excitación, esto -lo he dicho antes- puede parecer ingenuo. Pero sería un método serio y autoexigente, y por consiguiente honesto. Y finalmente, los problemas difíciles se resuelven sólo con seriedad, autoexigencia y honestidad.

Tiempos de cambio, tiempos de permanencia

POR PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
LA condición humana está transida indefectiblemente por una insalvable tensión dialéctica. Así, de una parte, el hombre y, en consecuencia, sus obras, se hallan afectadas esencialmente por el tiempo, que acomoda y hasta forja, de forma paulatina, pero inexorable, su ser y existencia. Mientras que, de otra, los hombres nos dotamos de parámetros de estabilidad en los que hacer descansar nuestras convicciones más sagradas, tanto las vinculadas a la íntima conciencia (ad intra), como a la manera de organizarnos en sociedad (ad extra).Pues bien, si nos abstraemos de sus aspectos más filosóficos -el penetrante Martín Heidegger escribiría, por ejemplo, la primera parte del excelente trabajo Ser y Tiempo en 1927-, los asuntos que presiden la actualidad de la España constitucional expresan nítida, aunque no sin contradicción, los dos citados aspectos.Al primer grupo se adscribirían las propuestas de reformas político-constitucionales, tanto las estatutarias, como las de la Constitución de 1978. De esta suerte, la revisión del Estatut catalán -por más que nos encontremos, en realidad, no tanto ante una modificación del Estatuto de 1979, sino ante uno nuevo- es la mejor prueba de lo antedicho. Sobre todo, si pensamos en la auto proclamación de Catalunya como una nación con vocación de estatalidad, su soberanista Preámbulo, su desbordante Título Preliminar plagado de extraños derechos, sus excluyentes asunciones competenciales, su flagrante intromisión en las más variadas leyes orgánicas del Estado, su peligrosa cercenación de la unidad jurisdiccional, y hasta de mercado, su corolario quebrantamiento del principio de igualdad y su fijación de un modelo de insolidaria financiación interterritorial, expresarían, sí, un inequívoco deseo de cambio, aunque dado su carácter y alcance, incompatible con el vigente orden constitucional. Un quehacer estatutario que excede, por tanto, además del respeto a las exigencias de constitucionalidad, el sosegado proceso de mejora y perfeccionamiento de nuestro entramado político y jurídico. Lo más propio de un tránsito sereno, para no dejarse arrastrar por un irregular y convulsionado proceso constituyente. Una circunstancia que, aunque no con idéntica gravedad, también se aprecia -recordemos la cláusula Camps-, en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Los Comunidades Autónomas no se asientan en la soberanía, sino en la autonomía y, por ello, no disfrutan de Constituciones, sino de unos Estatutos que se fundamentan estructuralmente en la Constitución española, sin que quepan disfraces para presentarse, de hecho o de derecho, como algo que ni son, ni pueden ser.Pero hay más. Hoy poco queda que sea relevante por transferir a las Comunidades Autónomas, si queremos preservar un mínimo de elementos, no uniformizadores. Soy un ferviente defensor del Estado de las Autonomías, al tiempo que tampoco creo en un militante nacionalismo españolista, pero sí en unos valores comunes y coparticipados en los distintos territorios de España, así como en una vertebración eficiente de nuestro espacio político de convivencia. Haríamos por ello mejor en auspiciar, en lugar de estériles discusiones e incompatibles asunciones competenciales, la puesta en marcha de específicas políticas de cooperación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, mientras impulsamos más acciones eficaces en educación, sanidad, seguridad, inmigración, fiscalidad, vivienda, etc. Estas son las cuestiones que preocupan a los españoles ¿Para qué entonces tanta energía inútilmente dilapidada? ¿Para qué tanto despilfarro de talento y de tiempo? Interrogantes, sin duda, difíciles de justificar.Además, esgrimíamos, los aires de cambio han llegado a la misma Constitución de 1978. Se nos dice, y es cierto, que la Constitución disfruta de rasgos propios de indefinida permanencia; pero también, y estamos de acuerdo, que las generaciones del presente, y por supuesto, las del futuro, no pueden quedar encadenadas a las obras -por muy certeras que hubieran sido- de constituyentes pasados. Y desde tales premisas el Gobierno habría instado un proceso de revisión constitucional -aunque su autoría material se delegue en un órgano consultivo como el Consejo de Estado-, si bien limitado, ya que sólo afectaría a cuatro aspectos de nuestra Carta Magna: la denominación de las Comunidades Autónomas, el reconocimiento del proceso de construcción europea y su Derecho comunitario, la modificación del Senado y la eliminación de la preferencia del varón en la sucesión a la Jefatura del Estado. Unas reformas sobre las que, de momento, y esto las hace inviables, no existe el ineludible acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas nacionales -se requiere a tal efecto de una mayoría cualificada de dos terceras partes en las Cámaras-, por no enjuiciar las dudas sobre su necesidad, su ausencia de urgencia y la falta del adecuado contexto de previa distensión política. En suma, demasiadas precariedades para tan importantes retos que afrontar. Si hay que reformar la Constitución, que se haga; y si hay que hacer lo propio con uno u otro Estatuto de Autonomía, adelante con ello. Pero, de otra manera, en un tiempo político más acorde con lo que está juego, con otras mayorías parlamentarias y con un representativo consenso constitucional.Aunque no erremos: la Constitución de 1978 ha sido, y sigue siendo, el mejor marco político-constitucional posible de esta España moderna que debe saber resguardar sus incontrovertibles logros. Sepamos velar, ¡cuidado con las irresponsabilidades!, por nuestro ejemplar patrimonio colectivo de convivencia en libertad, justicia e igualdad.Ahora bien, junto a tales anhelos, el nacimiento del primero de los hijos de Don Felipe y Doña Leticia, la Infanta Leonor, refleja la segunda de las facetas referenciadas: la idea de perdurabilidad por encima de contingentes avatares. El mejor ejemplo de todo lo bueno que implica una moderna Monarquía parlamentaria. Un nombre, Doña Leonor, cuyo recuerdo nos retrotrae, entre otras, a nuestra sin par Leonor de Aquitania, casada con Alfonso VIII, y fundadora del Monasterio de las Huelgas, así como a la Reina Leonor, esposa de Juan I, y madre de Enrique III El Doliente, primer Príncipe de Asturias en el ya lejano siglo XIV. Un nacimiento que lleva aparejadas dos destacadas consecuencias. La primera, por lo que tiene de refrendo de nuestra arraigada Monarquía parlamentaria: un Monarca de hoy, Don Juan Carlos; un reconocido Heredero, Don Felipe; y una deseada heredera del Heredero, en la persona de Doña Leonor. Una continuidad dinástica que hace evidentes, sin estridencias ni sobresaltos, las ventajas de una ordenada sucesión en la más alta Magistratura del Estado. O, en palabras de Don Felipe, «La lógica de los tiempos hará que la Infanta sea Reina de España algún día».Y aún debemos recordar algo más. El nacimiento de la Infanta Leonor confirma, al margen de la dimensión personal y familiar del feliz evento, un profundo sentido institucional: el desarrollo natural de la sucesión en la Corona, en lo que ésta tiene de función de enraizada integración social y cohesión política al servicio de los españoles. Su nacimiento hace suyos los perfiles de continuidad dinástica de la Corona en cuanto que símbolo constitucional, de primer orden, de la unidad y permanencia de la Nación española. A tal efecto, la Infanta Leonor resume estos últimos de un modo palpable.Aunque, incluso por encima de lo afirmado, todos, especialmente las dos principales formaciones políticas, junto a su ciudadanía, estamos obligados a preservar el ejemplar Pacto constitucional de 1978. En ello no caben tibiezas ni escamotear esfuerzos, sino la misma fraternal generosidad de entonces.